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Publicaciones ofensivas pueden tener consecuencias legales
Las redes sociales han transformado la comunicación y la manera en que las personas expresan sus opiniones. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que publicar insultos, acusaciones falsas o contenido que afecte la reputación de alguien puede traer serias repercusiones legales.
El Código Penal de Costa Rica, en sus artículos 145, 146 y 147, tipifica los delitos de injuria, difamación y calumnia, estableciendo multas de hasta 100 días para quienes deshonren a otra persona a través de medios electrónicos.
¿Qué se considera difamación en redes sociales?
Para que una publicación sea considerada un delito contra el honor, debe cumplir ciertos criterios legales. Entre los más relevantes están:
- Injuria: Cuando una persona emite expresiones que atentan contra la dignidad o el decoro de otra.
- Difamación: Difundir hechos falsos o tergiversados con la intención de dañar la imagen de alguien.
- Calumnia: Acusar falsamente a otra persona de un delito, afectando su reputación y vida personal.
Estos delitos requieren dolo, lo que significa que el autor debe haber actuado con el conocimiento de que sus palabras podían perjudicar a la víctima.
Consecuencias más allá de la multa
Además de las sanciones establecidas en el Código Penal, la difamación en redes sociales puede traer otras consecuencias significativas, entre ellas:
- Bloqueo de cuentas: Plataformas como Facebook, Instagram o X (antes Twitter) pueden suspender o eliminar perfiles que infrinjan sus normas de convivencia.
- Despidos laborales: Muchas empresas revisan el comportamiento en línea de sus colaboradores, y publicaciones ofensivas pueden ocasionar la pérdida de un empleo.
- Daño a la reputación: Una vez que un contenido es compartido en Internet, es difícil eliminarlo por completo, lo que puede afectar la imagen de la persona a largo plazo.
¿Se puede borrar una publicación ofensiva?
Si alguien se arrepiente de haber publicado un comentario ofensivo o una acusación falsa, eliminar la publicación no garantiza que desaparezca del todo. La información en Internet deja una huella digital, lo que significa que puede haber capturas de pantalla o registros que sirvan como prueba en un proceso legal.
Además, los delitos contra el honor tienen un plazo de prescripción de tres años, por lo que la persona afectada puede tomar acciones legales incluso después de que el contenido haya sido eliminado.
